Ante la falta de postulantes para alcanzar el objetivo oficial de 950 bajas, el Consejo Directivo del organismo decidió prorrogar el operativo que vencía en mayo. Hasta el momento, 650 trabajadores han iniciado el trámite en un clima de incertidumbre por el futuro de las estaciones experimentales.
El panorama laboral en las dependencias locales y regionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa semanas decisivas. En las últimas horas, el Consejo Directivo de la institución resolvió estirar los plazos para que los empleados se acojan al plan de retiro voluntario, extendiendo la fecha límite – originalmente pautada para fines de mayo – hasta el próximo 10 de junio.
Esta medida responde a la necesidad del Gobierno nacional de alcanzar una meta de reducción de planta que, hasta el momento, se muestra esquiva. Según datos que trascendieron del organismo, unos 650 técnicos e investigadores ya han tramitado su salida, pero la cifra aún se encuentra lejos del objetivo de 950 bajas que pretende la gestión de Javier Milei.
El operativo de achique, instrumentado a través de la Resolución 144/2026, busca recortar hasta un 20 % de la planta actual de 5.800 trabajadores. Para financiar este proceso, el Estado nacional destinará hasta 101 mil millones de pesos.
En cuanto a la oferta económica, el plan tienta a los empleados con un monto equivalente a 1,5 salarios por cada año trabajado. Los requisitos para acceder incluyen ser personal de planta permanente con más de tres años de antigüedad y no superar los 60 años de edad, previéndose escalas diferentes para quienes estén próximos a la jubilación.
Un organismo en tensión
La situación genera preocupación en el ámbito productivo de la zona, dado que el vaciamiento de cuadros técnicos podría dejar a las agencias y estaciones experimentales en una situación de extrema debilidad operativa.
Desde diversos sectores se advierte que esta ola de retiros no se debe únicamente a la propuesta económica – que incluyó la difusión de un «simulador de cálculo» para los empleados – sino a un marcado deterioro salarial y a la falta de recursos para llevar adelante las tareas de investigación y extensión.
La gestión actual, encabezada por el secretario Sergio Iraeta y el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, ha mantenido como prioridad desde fines de 2023 la reducción del personal, tras haber intentado previamente jubilaciones anticipadas y despidos que fueron frenados por la Justicia. Ahora, con la prórroga de diez días, el Gobierno apuesta a dar el golpe final para alcanzar el número de desvinculaciones deseado antes del cierre definitivo de la convocatoria.
