(De la redacción)
La discusión que atravesó el Concejo Deliberante de Mercedes sobre los presuntos cobros indebidos a afiliados de PAMI dejó al descubierto una situación que parece desarrollarse en dos planos diferentes. Por un lado, el institucional y político, donde se debate la existencia o magnitud del problema. Por otro, el de los jubilados que diariamente deben enfrentarse a la necesidad de acceder a una consulta médica, una receta o una prestación de salud.
Durante la sesión, el tema fue abordado a partir de un proyecto impulsado por la oposición que denunció la existencia de cobros adicionales exigidos a afiliados del instituto. Si bien parte de la discusión giró en torno a la falta de denuncias formalizadas o de estadísticas precisas, el propio debate dejó una conclusión difícil de ignorar: nadie sostuvo categóricamente que estas situaciones no existan.
Incluso desde sectores que cuestionaron el proyecto se admitió que estas prácticas pueden ocurrir. Y allí aparece el punto central. Porque mientras la discusión política busca determinar responsabilidades o competencias institucionales, muchos jubilados ya conviven con una realidad que consideran cotidiana.
No se trata solamente de los montos mencionados durante el debate, sino de algo más profundo: el temor. El miedo a perder un médico de referencia, a sufrir demoras en la atención o simplemente a complicar un trámite de salud que ya resulta complejo para muchas personas mayores. Ese temor genera un fenómeno conocido por todos pero difícil de medir: afiliados que pagan y callan.
La ecuación es sencilla. Para muchos jubilados, denunciar implica asumir riesgos e incertidumbres. En cambio, pagar un importe que saben indebido aparece como el camino más rápido para resolver una necesidad inmediata. El resultado es que la práctica termina naturalizándose.
Mientras tanto, la posición oficial de PAMI es contundente. El organismo recordó recientemente que las consultas médicas, la emisión de recetas y las prácticas incluidas en la cobertura no pueden generar costos adicionales para los afiliados. Cualquier cobro extra constituye una irregularidad y debe ser denunciado.
El instituto también informó que existen mecanismos específicos para realizar reclamos, ya sea a través de la línea gratuita 138, mediante el sitio web oficial o en las agencias de atención. Según el organismo, las denuncias son evaluadas y pueden derivar en sanciones para los prestadores involucrados.
Sin embargo, la existencia de canales formales no resuelve por sí sola el problema de fondo. La dificultad aparece cuando quienes deben denunciar son precisamente quienes se encuentran en la posición más vulnerable de toda la cadena. Personas mayores, muchas veces con ingresos limitados, problemas de salud y una fuerte dependencia del sistema de atención.
Por eso, quizás la discusión más importante no sea determinar si el problema existe o no. Tampoco quién obtuvo una reunión, quién presentó primero una denuncia o qué espacio político tiene razón. La verdadera pregunta es cómo evitar que un jubilado tenga que elegir entre pagar un cobro indebido o arriesgarse a perder una atención médica que considera indispensable.
Porque mientras los expedientes avanzan, los comunicados se publican y los debates continúan, en algún consultorio alguien probablemente siga enfrentando esa misma decisión. Y allí es donde la realidad suele imponerse sobre cualquier discusión política.
El desafío no pasa solamente por denunciar las irregularidades. Pasa por generar las condiciones para que ningún afiliado tenga miedo de hacerlo. Mientras eso no ocurra, seguirán conviviendo dos realidades paralelas: la de los papeles y los escritorios, y la de los jubilados en su andar cotidiano.
