El Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y de la Caja de Previsión Social resolvió ratificar a la actual mesa directiva para un nuevo período de dos años.

En ese marco, fue reelecto el profesional mercedino Luis Eusebio Colao como presidente para el período 2026–2028. Los mandatos tienen una duración de dos años por cuanto en esta ocasión se ha evaluado el periodo de gestión desde el 2024, el que ha tenido el firme respaldo de los colegiados.

Colao estará acompañado por Alfredo Lavalle perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, quien será vicepresidente; Esteban Corrales del Departamento Judicial de Dolores como secretario; y Nahuel Gangoiti como tesorero, quien pertenece al Departamento Judicial de Azul.

Es oportuno recordar que hace pocas semanas, el martillero Luis Colao había renovado su confianza al frente al colegio departamental, hecho que fortaleció aún más sus chances de continuidad en el organismo a nivel del territorio provincial, es decir de la totalidad de los departamentos judiciales.

Para el colegio en su conjunto la jornada que tuvo lugar a mediados de la semana anterior en la ciudad de La Plata, revela una gran importancia por haber podido lograr consensos que permitieron dar respaldo y continuidad a la actual gestión. “La continuidad de la mesa busca fortalecer la representación del sector y profundizar los proyectos de previsión y defensa profesional que la entidad viene desarrollando en todo el territorio provincial”, expresaron desde la entidad.

Los fines fundamentales de la colegiación obligatoria son el gobierno de la matrícula y la potestad disciplinaria para el contralor de los actos profesionales que llevan a cabo los martilleros y corredores públicos, por delegación expresa que ha hecho el Estado a través de una ley específica para ello. Es decir que, en suma, la ley colegial vela por el respeto de los derechos de los colegiados, el cumplimiento de las obligaciones entre pares y la defensa de los intereses de la comunidad toda en la debida prestación de los servicios profesionales que ella les requiere.