Al cumplirse el 21 de octubre un año de la publicación en el Boletín Oficial de la Ley de Financiamiento Universitario, el rector de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), el mercedino Walter Panessi, lanzó una fuerte advertencia sobre las consecuencias de la demora del Gobierno nacional en implementar la norma. “El esfuerzo de la comunidad de la UNLu tiene un límite”, afirmó, al describir el impacto que la situación provoca sobre docentes, estudiantes y el funcionamiento de la institución.
En declaraciones a Noticias UNLu, Panessi recordó que la ley fue sancionada por el Congreso de la Nación, vetada por el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificada con una mayoría de dos tercios. También señaló que la Justicia ordenó su aplicación, aunque, según denunció, los fondos y las medidas contempladas continúan sin concretarse.
“Hay una forma de quitar un derecho sin derogar ninguna ley: demorar su cumplimiento hasta que la espera haga el daño”, sostuvo el rector. Y agregó que esa demora no afecta a todos por igual: mientras el Estado puede prolongar una discusión, quienes dependen de un salario o una beca deben afrontar cotidianamente las dificultades económicas.
El titular de la UNLu puso el foco en las condiciones salariales de los docentes y en las necesidades de los estudiantes que requieren asistencia económica para continuar sus estudios. Advirtió, además, que el paso del tiempo puede provocar consecuencias irreversibles, con profesionales que abandonan la actividad y proyectos universitarios que ya no pueden recuperarse.
Para describir la situación, Panessi recurrió a una referencia literaria, a Franz Kafka: el relato de un hombre que espera durante toda su vida ante una puerta a la que le dicen que todavía no puede entrar. El rector comparó esa espera interminable con la situación de una comunidad universitaria que aguarda la aplicación de una ley ya sancionada. Sin embargo, marcó una diferencia central: “Aquel hombre estaba solo. La universidad pública tiene una comunidad organizada que la sustenta”.
En ese sentido, destacó que la UNLu continúa desarrollando sus actividades en Luján, Chivilcoy, Campana, San Miguel y San Fernando, con tareas de enseñanza, investigación y vinculación con la comunidad, pese a las dificultades presupuestarias.
La advertencia del rector excedió el reclamo por los recursos económicos. Su planteo apuntó también al cumplimiento de las decisiones institucionales y al valor de la ley como garantía de derechos. “Es una exigencia de toda una sociedad que cree que las leyes están para ser cumplidas. No pedimos un favor, pedimos que se cumpla la ley”, concluyó Panessi, en un mensaje que vuelve a poner en primer plano la discusión por el financiamiento de las universidades públicas y las consecuencias de la prolongada incertidumbre presupuestaria.
