La renuncia de Manuel Adorni generó reacciones desde distintos sectores de la oposición, algunos de los cuales sostienen que su salida del Gobierno no responde a una decisión derivada de las denuncias por presuntos hechos de corrupción, sino a un acuerdo político destinado a descomprimir la situación y evitar investigaciones de mayor alcance.
Según esta interpretación que surge del sector denominado Política Obrera y que en el distrito tiene como referente a Walter Altavista, Adorni continúa contando con el respaldo del presidente Javier Milei y del oficialismo, que habría desplegado un esquema político, parlamentario y judicial para preservar su posición y limitar las consecuencias institucionales del caso.
Los cuestionamientos apuntan especialmente al Congreso Nacional. Desde estos sectores afirman que la renuncia sería el resultado de un entendimiento entre el oficialismo y parte de sus aliados parlamentarios, con el objetivo de impedir una interpelación pública que permitiera exponer detalles sobre las denuncias y esclarecer eventuales responsabilidades políticas.
En ese marco desde Política Obrera, también sostienen que quedó relegada la posibilidad de conformar una comisión investigadora que profundizara sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno, incluyendo aspectos vinculados a los regímenes de incentivos a las inversiones (RIGI y el denominado «Super RIGI»), la administración de activos estratégicos y otras políticas económicas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
Las críticas alcanzan además al Senado, donde se señala la existencia de acuerdos políticos que habrían contribuido a evitar una sesión considerada «complicada» para el oficialismo.
Otro de los ejes de las denuncias que efectúa esta agrupación política se centra en el ámbito judicial. “La operación quirúrgica que acompaña la ‘renuncia’ de Adorni, se encuentra en cabeza del ministro de Justicia Mahiques, que ha arreglado un proceso digitado de nombramiento y perpetuación de magistrados en conformidad con la camarilla judicial. Esto resultará en el prolongamiento del caso judicial de Adorni, que puede terminar en una suerte de indulto”, aseguran.
Desde esta mirada crítica también se atribuye un rol central al ministro de Economía, Luis Caputo, y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según esta versión, ambos habrían impulsado la estrategia para garantizar la continuidad del programa económico, preservar la estabilidad financiera y avanzar con las reformas estructurales previstas por el Gobierno.
Finalmente, desde Política Obrera consideran que la salida de Adorni responde a una decisión política destinada a permitir que el Ejecutivo continúe con su agenda de reformas sin el costo institucional que implicaría una investigación, “Adorni se va, para que el régimen de la motosierra siga haciendo su trabajo sucio. La renuncia del ministro viajero ha sido fabricada por la Inteligencia Artificial, para estafar a la ciudadanía”, concluyeron.
