El proyecto para avanzar con la instalación de radares en un tramo de la Ruta Nacional 5 llegará este lunes al recinto con el respaldo unánime de los bloques del Concejo Deliberante. La iniciativa, impulsada por el concejal de La Libertad Avanza, Mauricio Pollacchi, apunta al sector comprendido entre la Ruta Provincial 41 y el ex Acceso Sur, un tramo que en los últimos tiempos quedó incorporado a una dinámica de tránsito interurbano y que, según el edil, presenta situaciones de riesgo que requieren una respuesta inmediata.

El expediente cuenta con despacho favorable de la Comisión de Seguridad y Tránsito, que propone su aprobación por unanimidad. El dictamen aparece incorporado en el orden del día de la sesión, en la foja 17, y su aprobación implicará que la decisión sobre la eventual instalación de los dispositivos pase ahora al Departamento Ejecutivo, que deberá analizar la posibilidad de implementar foto radares en ese sector.

Para Pollacchi, el acuerdo alcanzado entre las distintas fuerzas políticas representa un hecho significativo, especialmente porque se trata de una propuesta que, reconoció, no necesariamente resulta simpática para todos los sectores. Insistió en que la colocación de radares no pretende reemplazar la solución estructural para la Ruta 5. Para el concejal, existen dos caminos que deben avanzar en paralelo: por un lado, la concreción definitiva de la autovía y, por otro, la adopción de medidas de seguridad mientras esa obra no se materialice.

“El proyecto busca dar una solución urgente a una necesidad que lleva más tiempo. Todos sabemos que la solución es la autovía, pero en el mientras tanto tenemos un inconveniente que pone en peligro la vida de las personas y estamos obligados a actuar ante este escenario”, afirmó. En esa línea, definió a la autovía como “la vía larga” y a los radares como una herramienta transitoria destinada a reducir los riesgos existentes. Incluso planteó que, una vez concretadas las obras de infraestructura necesarias, los radares podrían dejar de ser necesarios.

Uno de los puntos sobre los que Pollacchi hizo especial hincapié fue el objetivo de la iniciativa. Frente a las críticas que suelen generar los controles electrónicos de velocidad, el concejal aseguró que la propuesta no persigue un fin recaudatorio. “Lo que se busca como prioridad es la seguridad, no apunta a ser una medida recaudatoria”, remarcó.

Según su planteo, la presencia de estos dispositivos podría funcionar como un mecanismo preventivo en un tramo que ha adquirido características de circulación interurbana.

El objetivo, explicó, es que los controles contribuyan a modificar las conductas de los conductores y funcionen como un freno ante situaciones de exceso de velocidad que puedan derivar en accidentes.

Durante el tratamiento de la iniciativa también hubo participación de organizaciones y vecinos vinculados con la problemática vial de la Ruta 5. Pollacchi mencionó particularmente las visitas y aportes realizados por integrantes de Estrellas Amarillas y de Vecinos contra el Peaje, quienes acercaron información y planteos a los concejales.

A partir de esos intercambios, sostuvo que el problema central no estaría exclusivamente relacionado con la señalización, sino con determinados puntos de peligrosidad y cruces. Entre ellos mencionó especialmente la zona de calle 11, donde existe además un puente cuya culminación se encuentra pendiente. Sobre ese punto, Pollacchi señaló que había mantenido conversaciones con el concejal oficialista Julián Inzaugarat, quien se encontraba trabajando sobre esa cuestión.

“En estas cuestiones tenemos que esquivar cualquier tipo de actitud que pueda resultar mezquina cuando por delante están los intereses de la gente”, afirmó.

Con la aprobación del expediente, la discusión ingresará ahora en una nueva etapa. El Concejo Deliberante habrá dado su respaldo político a la iniciativa, pero será el Ejecutivo el que deberá analizar la factibilidad de instalar foto radares en el tramo señalado.

Ahora, con el expediente en manos del Ejecutivo, el impulsor de la iniciativa espera que el consenso alcanzado en el Concejo pueda traducirse en una medida concreta.