El reconocido escritor mercedino quedó envuelto en una presentación penal impulsada por aportantes de sus proyectos cinematográficos. Mientras la fiscalía solicitó informes contables y dispuso un cronograma de declaraciones testimoniales, el autor realizó un extenso descargo en el que negó categóricamente la existencia de un delito o maniobra fraudulenta.
La tranquilidad del ámbito cultural y el interés de la comunidad mercedina se vieron conmovidos en los últimos días tras conocerse que el escritor y productor Hernán Casciari enfrenta una denuncia penal por supuesta estafa y administración fraudulenta. La presentación, radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 34 y con la investigación delegada en la Fiscalía Nº 16 a cargo de la fiscal Mónica Cuñarro, gira en torno al modelo de financiamiento colectivo con el que su empresa, Orsai Audiovisuales SRL, impulsó diversas producciones cinematográficas.
El proyecto, según había explicado el propio Casciari en sus apariciones públicas, buscaba financiar películas “sin pedirle plata al Estado o sin depender del algoritmo de las plataformas”. Bajo esa premisa, se convocó a seguidores y miembros de su comunidad a comprar “bonos” o cuotas parte para convertirse en “socios productores” de largometrajes basados en textos propios y ajenos. De acuerdo con lo expuesto en la demanda, la iniciativa prometía retribuciones económicas rentables que, en algunos casos, preveían duplicar o triplicar el capital aportado.
Sin embargo, un grupo inicial de 18 inversores – representados por el abogado Ariel Gil Ces – acudió a los tribunales señalando que los compromisos asumidos no se cumplieron. Los aportes realizados oscilaron entre los 50 y los 3.000 dólares por persona para financiar proyectos como Canelones, La Uruguaya, La muerte de un comediante, Sola en el paraíso, Emi en off y DAM. Según argumentan los denunciantes, en la mayoría de los casos no llegaron a recuperar ni el 3 % del dinero invertido.
Dentro de los compromisos planteados en la propuesta de Orsai, figuraba la entrega periódica de información financiera, rendiciones de gastos y balances de cada obra. Los aportantes manifestaron que debieron realizar múltiples reclamos para acceder a dichos datos y que, cuando finalmente les fueron entregados, se trataba de documentos con información irregular que no permitía corroborar los números reales.
Asimismo, la querella solicitó investigar si existió una operatoria común consistente en la transferencia de fondos entre distintos proyectos sin autorización de los socios, una severa falta de transparencia contable y promesas desmedidas de rendimiento. La causa cobró además fuerte repercusión mediática al salpicar a figuras del espectáculo que participaron en la promoción pública de los emprendimientos, entre ellas Andy Kusnetzoff, Diego Peretti, Justina Bustos y Darío Barassi.
La Justicia ordena peritajes y la citación de 24 testimonios
Frente a la gravedad de los hechos denunciados, la fiscal Mónica Cuñarro impulsó las primeras medidas de prueba para reconstruir el entramado societario y administrativo de la firma. Entre sus primeras resoluciones, la funcionaria ordenó librar un oficio a la Inspección General de Justicia (IGJ) para requerir el legajo completo de Orsai Audiovisuales SRL, incluyendo el acta constitutiva, la nómina de gerencia, modificaciones societarias y balances de gestión. De igual manera, se pidieron informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central (BCRA) y al Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con el objetivo de identificar las cuentas bancarias de la sociedad y del propio escritor.
A la par de los requerimientos documentales, la fiscalía fijó un cronograma de audiencias para citar a 24 inversores y receptar sus declaraciones proyecto por proyecto:
La muerte de un comediante: Entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre declararán 15 aportantes.
Canelones: 3 denunciantes prestarán testimonio el 4 de noviembre.
La Uruguaya: 2 inversores fueron convocados para el 16 de noviembre.
Sola en el paraíso, Emi en off y DAM: El 17 de noviembre declararán los últimos 4 denunciantes vinculados a estas producciones.
El descargo de Casciari: «Nos equivocamos de buena leche»
A raíz del revuelo generado, el escritor mercedino rompió el silencio mediante un extenso descargo difundido en sus redes sociales. Acompañado por una pantalla que exhibía un código QR con acceso a planillas de presupuestos y gastos, Casciari rechazó de forma tajante que la situación configure un delito o una maniobra piramidal.
“En ningún caso hubo una estafa ni un fraude”, remarcó el autor. En su explicación, argumentó que un delito de este tipo requiere premeditación: “Una persona que estafa primero hace algo pensado de antemano. Es una persona que sabe que va a hacer daño, o que está cometiendo un delito. Es absolutamente ridículo que yo, o cualquier persona que trabaja en Orsai, nos hayamos levantado una mañana a querer estafar gente”.
Al repasar la trayectoria de su emprendimiento cultural – que lleva dos décadas editando libros, revistas y produciendo obras teatrales -, reconoció que la experiencia en el sector audiovisual no obtuvo los resultados esperados. “Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos siempre al mismo tiempo, y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó. No supimos hacerlo bien”, expresó.
Casciari admitió falencias en la administración y en el modo de comunicarse con quienes aportaron su capital: “Estuve, creo que todo el año 2025, pidiéndole disculpas a los aportantes mano a mano. Nos equivocamos en un montón de cosas, pero nos equivocamos de buena leche… por querer encontrar formas diferentes de hacer las cosas alrededor de los proyectos culturales”.
Finalmente, si bien comprendió la frustración de los involucrados debido a que algunas producciones “no tuvieron suerte comercial” para generar los dividendos esperados, fue enfático al establecer el límite legal: “Entiendo perfectamente esa decepción, esa frustración, pero bajo ningún concepto acepto que se hable de estafa, de fraude o de método Ponzi”.
Semanas decisivas
La causa judicial entra en una instancia determinante. Las declaraciones de los 24 inversores citados y el análisis de la documentación contable requerida por la fiscalía resultarán claves para definir si existen elementos que justifiquen una imputación formal o si la situación se enmarca en un fracaso comercial y de gestión privada. Mientras tanto, en Mercedes y en los círculos literarios del país, se sigue con atención cada novedad de un expediente que marca un hito inédito sobre los límites y riesgos del financiamiento colectivo en la industria cultural.
