Una nueva herramienta de financiamiento para el desarrollo urbano de Mercedes comenzó a debatirse en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante (HCD). Se trata de un proyecto de ordenanza impulsado por el Departamento Ejecutivo que propone la creación del Fideicomiso de Desarrollo Urbano Sostenible, denominado FIDUS Mercedes, destinado a reunir y administrar recursos para obras de infraestructura, construcción de viviendas sociales y generación de suelo urbano con servicios.
La iniciativa ya tuvo su primera instancia de análisis la semana pasada, cuando concejales mantuvieron una reunión en el HCD con funcionarios municipales de las áreas de Legales y Hacienda. El encuentro marcó el inicio del tratamiento de una propuesta que deberá ingresar formalmente al cuerpo legislativo para su discusión y eventual aprobación.
El proyecto plantea la posibilidad de constituir uno o varios fideicomisos públicos, con patrimonios afectados específicamente al financiamiento de proyectos de desarrollo urbano. Entre sus objetivos figuran la ampliación de la infraestructura básica, la construcción y mejora de viviendas, la generación de nuevos loteos con servicios, la integración socio-urbana de barrios populares y la incorporación de equipamiento y espacios públicos.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es el esquema de financiamiento. El texto establece distintas fuentes posibles para conformar el patrimonio del fideicomiso, con la intención de reunir recursos que puedan reinvertirse en el desarrollo de la ciudad.
Entre ellas se incluyen el recupero de cuotas por terrenos y viviendas adjudicados mediante programas municipales, los aportes de inversores privados y empresas, las partidas presupuestarias que se asignen específicamente y los créditos o subsidios provenientes de instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales.
También contempla la recuperación de plusvalías urbanas, es decir, mecanismos para captar parte del incremento del valor del suelo generado por decisiones públicas, como cambios en la zonificación o autorizaciones para un mayor aprovechamiento edificatorio. A esto se sumarían los aportes derivados de convenios urbanísticos celebrados con actores públicos o privados.
La ordenanza establece que estos recursos tendrán una afectación específica y no podrán utilizarse para afrontar gastos corrientes ni de operación y mantenimiento. Su destino deberá estar vinculado a los objetivos de desarrollo urbano previstos en el programa.
El proyecto identifica tres grandes líneas de inversión. La primera comprende las obras de infraestructura necesarias para habilitar nuevos loteos o ampliar sectores urbanos existentes. En ese apartado se mencionan redes de agua potable, cloacas, desagües pluviales, energía eléctrica, alumbrado público, gas natural, pavimento y mejorado de calles, veredas y arbolado.
La segunda línea apunta a financiar la construcción o mejora de viviendas sociales y la provisión de lotes con servicios, mientras que la tercera prevé la adquisición de inmuebles para conformar y ampliar el Banco de Tierras Municipal.
Esos terrenos podrían destinarse a vivienda social, equipamiento comunitario, espacios públicos y reservas naturales. De esta manera, el fideicomiso se articularía con otras herramientas municipales de planificación y gestión del suelo.
Según el articulado, la Municipalidad de Mercedes actuaría como fiduciante, a través de una unidad ejecutora integrada por los titulares de las secretarías de Economía, Gobierno, Obras y Servicios Públicos, junto con las áreas de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial y de Tierras y Hábitat.
Ese organismo tendría a su cargo establecer los objetivos generales y las políticas de inversión, evaluar y aprobar los proyectos que se financiarán, impartir instrucciones sobre la aplicación de los fondos y supervisar la gestión del fideicomiso.
En tanto, el Departamento Ejecutivo quedaría facultado para designar una entidad financiera o un fiduciario registrado ante la Comisión Nacional de Valores, que sería responsable de administrar los bienes, invertir los fondos y gestionar los cobros, de acuerdo con el contrato y las instrucciones de la unidad ejecutora.
El texto también incorpora mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Prevé la publicación de informes al menos trimestrales con el detalle de los ingresos, las inversiones realizadas, los montos destinados a los distintos barrios y la distribución de los recursos según el tipo de infraestructura financiada.
Además, contempla la posibilidad de crear un comité asesor con representantes de áreas municipales, del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil.
La propuesta deberá ser analizada por los concejales, que tendrán por delante la discusión sobre el funcionamiento del instrumento, sus fuentes de recursos, los criterios para seleccionar las obras y los mecanismos de control sobre la administración del patrimonio.
El proyecto faculta, además, al Departamento Ejecutivo a reglamentar su implementación dentro de los 120 días posteriores a su promulgación, incluyendo la selección del fiduciario, la elaboración de los contratos y los procedimientos administrativos para gestionar los fondos y elegir los proyectos.
