(De la redacción)
La elección de la Sociedad de Fomento del barrio Eva Duarte, donde la lista respaldada por el concejal Bernardo Zubeldía, de Vecinos por Mercedes, se impuso por 63 votos contra 48, volvió a instalar una discusión que excede el resultado de una compulsa barrial: la creciente presencia de la política partidaria en las instituciones vecinales.
La nueva comisión, encabezada por Juan Pablo Ríos como presidente y Juan Ullua como vicepresidente, quedó en el centro de una lectura política que trasciende las fronteras del barrio. La incorporación de Ullua, señalado como exreferente de la juventud de La Libertad Avanza, se inscribe en un movimiento más amplio de acercamiento de dirigentes y militantes provenientes de otras fuerzas al espacio que conduce Zubeldía.
Sin embargo, más allá de las interpretaciones que cada sector haga sobre el resultado electoral, la cuestión de fondo merece otra mirada. Porque una cosa es que los vecinos participen, se organicen y se comprometan con sus instituciones, y otra muy distinta es que las sociedades de fomento terminen convertidas en escenarios de disputa por el poder político.
Quienes tienen experiencia en la actividad fomentista recuerdan que estas tensiones no son nuevas. Un antiguo dirigente barrial evocó, por ejemplo, los tiempos de la gestión de Gioscio, cuando el selvismo le disputaba espacios de conducción en las sociedades de fomento, en una estrategia que buscaba avanzar sobre ámbitos considerados cercanos al oficialismo de entonces.
Aquella puja, según el recuerdo de quienes la atravesaron, no quedó circunscripta a una discusión entre dirigentes. También generó desencuentros entre vecinos que durante años habían compartido la vida cotidiana del mismo barrio y que, de pronto, se encontraron frente a la disyuntiva de tomar partido por uno u otro sector.
La política, que debía servir como herramienta para resolver problemas comunes, comenzaba así a introducir divisiones en espacios cuya razón de ser era precisamente la construcción comunitaria.
La tensión llegó a tal punto que, de acuerdo con el testimonio recogido, fomentistas y concejales acordaron oportunamente una suerte de perímetro electoral: funcionarios y ediles que no pertenecieran al barrio debían abstenerse de ingresar en la zona durante la jornada de votación y hasta dos horas después del cierre de los comicios.
La anécdota permite dimensionar hasta dónde pueden escalar las disputas cuando la conducción de una entidad barrial se convierte en una pieza más del tablero político. Lo que hoy se presenta como una competencia por sumar territorio tiene antecedentes en una ciudad que ya experimentó las consecuencias de trasladar las diferencias partidarias a la convivencia cotidiana.
No hay nada cuestionable en que un dirigente político acompañe a una comisión, acerque gestiones o colabore para que una institución consiga recursos y respuestas. Tampoco en que los vecinos que participan de una sociedad de fomento tengan sus propias ideas políticas o mantengan vínculos con distintos espacios.
El problema aparece cuando ese acompañamiento se transforma en una pretensión de pertenencia, cuando una comisión comienza a ser identificada como propia de un dirigente o cuando el resultado de una elección se exhibe como una conquista partidaria.
En ese punto, el padrinazgo político deja de ser una forma de colaboración y corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de subordinación. La institución ya no es valorada por su capacidad para representar a los vecinos, sino por la cantidad de voluntades que puede aportar a una construcción electoral.
La diferencia no es menor. Una sociedad de fomento debe poder gestionar ante cualquier gobierno, concejal o funcionario, sin que sus integrantes sientan que necesitan una pertenencia política determinada para acceder a una respuesta. Su legitimidad nace de la representación comunitaria, no de la cercanía con un dirigente.
En tiempos en que distintos sectores políticos sostienen que es necesario dejar de lado las disputas nacionales y provinciales para concentrarse en los problemas concretos de Mercedes, resulta contradictorio promover o celebrar la formación de pequeñas tribus partidarias dentro de las instituciones barriales.
La distancia entre adversarios políticos suele ser más fácil de administrar cuando la discusión ocurre en ámbitos institucionales o electorales. Pero cuando esa diferencia se traslada a una sociedad de fomento, el adversario deja de ser alguien que está a kilómetros de distancia: puede ser el vecino de la cuadra, quien comparte una vereda, una preocupación por la seguridad o el reclamo por el estado de una calle.
Las consecuencias también son diferentes. Una elección partidaria termina con el escrutinio; las diferencias en un barrio pueden prolongarse durante años y afectar relaciones personales, actividades comunitarias y proyectos que necesitan del esfuerzo compartido.
Por eso, alardear de haber ganado territorio en una elección fomentista no parece una buena estrategia, cualquiera sea el espacio que lo haga. El triunfo de una lista es legítimo y debe respetarse, pero no equivale a la apropiación política de una institución ni convierte al barrio en patrimonio de quienes resultaron vencedores.
Ser fomentista implica asumir una tarea voluntaria, muchas veces silenciosa, que demanda tiempo, esfuerzo y capacidad para escuchar. Significa trabajar por el bienestar de la comunidad, detectar necesidades, impulsar mejoras, organizar actividades y acercar programas y beneficios públicos sin distinciones partidarias.
En ese trabajo cotidiano, las diferencias ideológicas deberían quedar subordinadas a los objetivos compartidos. Una calle que necesita reparación, un problema de iluminación, la falta de servicios, las necesidades de las familias o el mantenimiento de un espacio público no reconocen banderas políticas.
La reflexión alcanza tanto a los partidos que buscan ampliar su influencia como a los propios vecinos que aceptan llevar las disputas partidarias al interior de sus instituciones. La responsabilidad es compartida: los dirigentes deben entender que acompañar no significa apropiarse, mientras que las comisiones tienen el desafío de preservar su autonomía y representar al conjunto del barrio.
La elección de Eva Duarte es, en definitiva, un episodio más dentro de una disputa política que comienza a extenderse a las organizaciones comunitarias de Mercedes. Pero también puede ser una oportunidad para recordar que el valor de una sociedad de fomento no se mide por el dirigente que la respalda ni por la fuerza que logra colocar a sus referentes en la conducción.
Porque el barrio no es una sucursal de ningún partido o espacio político. Y el verdadero capital de una institución fomentista no es el que puede acumular un dirigente para sus aspiraciones electorales, sino la confianza de una comunidad que necesita trabajar unida para vivir mejor.
Foto: Imagen generada con IA a modo de ilustración
