En un paso inédito para la jurisprudencia de la región, la Justicia de Mercedes dictó una resolución que marca un antes y un después en la lucha contra el maltrato animal y la actividad cinegética clandestina.
Por primera vez, una causa por infracción a la Ley de Fauna Silvestre derivó en el retiro y la custodia judicial de perros utilizados para la caza ilegal.
La medida fue impulsada por el fiscal Lisandro Masson, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 del Departamento Judicial de Mercedes, quien encabezó la investigación tras detectar el uso de canes en maniobras prohibidas en un establecimiento rural de San Antonio de Areco. El operativo fue ejecutado por efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) local, quienes procedieron al secuestro de dos perros galgos que eran presuntamente utilizados para la persecución de fauna silvestre.
Esta decisión del Ministerio Público Fiscal de Mercedes es considerada excepcional, ya que, en lugar de mantener a los animales en dependencias oficiales o restituirlos a sus poseedores, se ordenó su incautación efectiva para garantizar su bienestar.
La resolución judicial se vio respaldada por informes veterinarios que revelaron el crudo trasfondo de la actividad. Según las evaluaciones sanitarias, ambos galgos – pese a su corta edad – presentaban un marcado deterioro físico, con lesiones, cortes y dolores crónicos compatibles con maltrato y exigencia física extrema.
Los profesionales detectaron signos de sufrimiento acumulado, dificultades de movilidad y secuelas de prácticas habituales en la caza furtiva, como la restricción de alimento para potenciar el instinto de persecución de los animales. Incluso, uno de los canes presentaba una posible hernia y ambos mostraban una clara resistencia al contacto físico.
Custodia judicial y precedente
Bajo las directrices de la fiscalía mercedina, los animales fueron entregados en custodia judicial a la asociación civil Corazones Vagabundos. Esta ONG quedó a cargo del cuidado, alimentación y recuperación integral de los galgos mientras avanza el proceso judicial contra los responsables del establecimiento rural.
Desde el ámbito judicial y proteccionista, el fallo se interpreta como un mensaje contundente: los animales ya no son vistos como simples «objetos» de secuestro, sino como seres vivos sujetos de derecho que requieren protección específica frente a la explotación.
Mientras la causa continúa en sede judicial para determinar las responsabilidades penales de los propietarios, este fallo de la Justicia de Mercedes sienta un precedente histórico para futuras investigaciones sobre caza clandestina en toda la provincia de Buenos Aires.
