El delegado regional de la CGT Mercedes, Navarro y San Andrés de Giles, Juan Martín Andrés, expresó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la subasta del predio del Pro.Cre.Ar. ubicado en Mercedes, donde permanecen inconclusas 141 viviendas destinadas originalmente a familias trabajadoras.
“Primero paralizaron las obras, abandonaron el programa y ahora quieren vender las tierras y las construcciones al mejor postor”, cuestionó el dirigente sindical al referirse a la medida impulsada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Andrés señaló que la situación no afecta únicamente a Mercedes. En paralelo, el Gobierno autorizó la venta de otro complejo habitacional inconcluso en la ciudad de Junín, compuesto por 149 viviendas. Entre ambos emprendimientos, se proyecta la subasta de 290 unidades habitacionales y más de 39.000 metros cuadrados de tierras públicas.
En Mercedes, el desarrollo habitacional se encuentra sobre el Acceso Manuel Sanmartín, ocupa una superficie de 17.714 metros cuadrados y presenta un avance de obra cercano al 50 por ciento. El proyecto contempla departamentos y dúplex, y será ofrecido en subasta con una base superior a los 4,2 millones de dólares.
Para el referente de la CGT regional, la decisión implica resignar el objetivo social con el que fue concebido el programa habitacional. “No estamos hablando de un inmueble cualquiera. Son tierras públicas y obras financiadas con recursos de toda la sociedad. Esas viviendas fueron pensadas para que las familias pudieran acceder a la casa propia, no para convertirse en un negocio inmobiliario”, sostuvo.
Asimismo, vinculó la medida con una política más amplia de repliegue estatal en materia de vivienda, mencionando la disolución del Pro.Cre.Ar., la paralización de obras públicas y el cierre de dependencias vinculadas al financiamiento habitacional.
En ese marco, destacó el cierre de la sucursal del Banco Hipotecario en Luján, que durante años brindó atención a vecinos de Mercedes y de otras localidades de la región que buscaban acceder a créditos para la vivienda.
“Mientras los salarios pierden poder adquisitivo, los alquileres absorben una porción cada vez mayor de los ingresos y el crédito hipotecario resulta inaccesible para gran parte de la población, el Gobierno decide rematar viviendas y tierras públicas”, afirmó.
Finalmente, Andrés convocó a organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles y vecinales, así como a toda la comunidad mercedina, a manifestar su oposición a la iniciativa. “No vamos a permitir que un proyecto habitacional construido con el esfuerzo de todos termine entregado al mejor postor. La vivienda es un derecho y tenemos que defenderla entre todos”, concluyó.
