La Sala I de la Cámara Civil y Comercial local revocó una sentencia de primera instancia y condenó al Estado bonaerense por la prisión preventiva «arbitraria e infundada» sufrida por Patricia Miriam Larroza. La mujer había sido acusada de instigar el homicidio de su pareja basándose en el testimonio de un testigo falso que integraba una organización dedicada a fabricar causas penales.
En una resolución que marca un precedente fundamental en la jurisprudencia de los Tribunales de Mercedes, la Justicia ordenó a la Provincia de Buenos Aires indemnizar con $ 126,8 millones más intereses a Patricia Miriam Larroza. La sentencia, firmada por los magistrados Emilio Armando Ibarlucía y Gabriela Andrea Rossello, reconoce la responsabilidad estatal por los daños derivados de una privación de la libertad que se extendió por dos años y treinta y cinco días de manera ilegítima.
El calvario de Larroza comenzó el 26 de agosto de 2013, cuando fue detenida bajo la acusación de haber instigado el asesinato de su pareja, Fabián Héctor Martínez, ocurrido en Moreno. La investigación, que tramitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de Mercedes, se sostuvo casi exclusivamente en el relato de un «testigo de identidad reservada». Sin embargo, durante el debate oral realizado en octubre de 2015, la fiscalía debió retirar los cargos al admitir que dicho testigo formaba parte de una banda dedicada a «armar causas penales truchas».
Tras recuperar su libertad, Larroza inició una demanda civil que finalmente fue resuelta por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes. En su voto, el Dr. Ibarlucía fue contundente al calificar la prisión preventiva como «manifiestamente infundada y arbitraria», señalando que los magistrados penales no realizaron las diligencias mínimas para corroborar la versión del testigo antes de mantener a la mujer encarcelada.
El impacto de una justicia negligente
Al fijar el monto resarcitorio, el tribunal mercedino evaluó las profundas secuelas que el encierro dejó en la vida de Larroza. La indemnización se desglosa en 26,8 millones por incapacidad psíquica y 100 millones por daño moral. Los jueces destacaron especialmente la situación familiar de la damnificada, quien al momento de ser detenida tenía cuatro hijos a su cargo.
Uno de sus hijos, que padece una discapacidad severa (hidrocefalia), requería cuidados permanentes que su madre no pudo brindarle mientras estuvo en prisión. Asimismo, se valoró el desmembramiento del núcleo familiar y el descrédito social sufrido por la mujer debido a la grave acusación en su contra.
Denuncia penal por causas armadas
Más allá del resarcimiento económico, el fallo de la Cámara Civil de Mercedes incluye un apartado de extrema gravedad institucional. Los jueces ordenaron remitir copia certificada de la sentencia al fiscal general departamental para que se investigue la posible comisión de delitos por parte del testigo falso y la presunta organización dedicada a fabricar evidencias.
Esta resolución no solo repara económicamente a una víctima del sistema judicial, sino que pone la lupa sobre los procedimientos de los tribunales locales, exigiendo mayor prudencia y control en el uso de figuras como la prisión preventiva y los testigos con reserva de identidad. Mientras tanto, a trece años del crimen de Fabián Martínez, los verdaderos responsables materiales nunca fueron identificados.
