Tras la aprobación en el Senado provincial, la nueva normativa establece que la comuna local será la autoridad de aplicación para fiscalizar el anclaje de arcos y la seguridad de juegos recreativos. El objetivo es prevenir accidentes fatales en espacios públicos y privados.
La legislatura bonaerense sancionó de manera definitiva la denominada “Ley Joaquín”, una iniciativa que busca garantizar medidas de seguridad obligatorias para la instalación y el mantenimiento de arcos deportivos y juegos de plaza. El proyecto, impulsado por el diputado Facundo Tignanelli, surge como respuesta a la trágica muerte de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció en enero de 2026 cuando un arco de fútbol sin fijación cayó sobre él durante un campamento.
A partir de la reglamentación de esta norma, el Municipio de Mercedes, al igual que el resto de los distritos de la provincia, asumirá un rol central como autoridad de aplicación. Esto implica que el Gobierno local tendrá a su cargo la responsabilidad de verificar y controlar periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad en su jurisdicción, abarcando tanto espacios públicos como establecimientos privados (clubes, escuelas y centros recreativos).
Controles estrictos y certificaciones
La ley establece que el Municipio tendrá facultades para fiscalizar, sancionar incumplimientos y promover campañas de concientización. Entre las medidas concretas que la comuna deberá supervisar se encuentran:
La obligatoriedad de anclajes, sistemas de contrapeso o sujeción permanente para arcos de fútbol, hockey, handball y otros que pesen más de 20 kilos.
La instalación de protecciones acolchonadas en pisos, columnas y paredes en entornos deportivos para amortiguar impactos.
La exigencia de una certificación de aptitud técnica emitida por profesionales matriculados, la cual deberá exhibirse de forma visible en los predios.
Plazos de adecuación
Las instituciones alcanzadas por la normativa en Mercedes tendrán un plazo máximo de un año, contado a partir de la reglamentación, para adecuar sus instalaciones a los nuevos estándares de seguridad. Este período podrá ser prorrogado por única vez por el mismo lapso.
Además, la ley estipula que las compañías de seguros, al momento de extender coberturas a estos establecimientos, deberán exigir el cumplimiento estricto de estas medidas de seguridad.
Con esta sanción, se busca llenar un vacío legal, ya que no existía en el país una normativa integral que regulara la sujeción de estos implementos deportivos, tomando como antecedente regulaciones vigentes en la Unión Europea y Francia. Según los fundamentos del proyecto, el caso de Joaquín no fue un hecho aislado, sino parte de una sucesión de accidentes graves registrados en el país desde 2007 debido a la falta de supervisión y mantenimiento en áreas de juego.
