En el marco de la creciente preocupación por los episodios de violencia y agresiones que atraviesan a distintas comunidades educativas, el docente y licenciado en Historia Guido Ortubia elaboró una reflexión crítica sobre las herramientas con las que actualmente cuentan las escuelas para abordar los conflictos de convivencia.
En su análisis, el referente de Principios y Valores Mercedes sostiene que la crisis económica y social ha profundizado problemáticas que llegan a las aulas desde los hogares y los entornos comunitarios, entre ellas situaciones de pobreza, consumo problemático, abusos, aislamiento, depresión y dificultades para establecer límites. A esto se suman distintas expresiones de violencia que van desde insultos, amenazas y discriminación hasta agresiones físicas contra alumnos, docentes y demás integrantes de las instituciones.
Ortubia cuestiona también cierta mirada nostálgica sobre la escuela del pasado. Si bien reconoce que décadas atrás existía una autoridad adulta mucho más marcada, advierte que aquel modelo disciplinario también podía derivar en prácticas abusivas, castigos físicos y mecanismos de expulsión que desconocían derechos fundamentales de niños y adolescentes.
Según su interpretación, con el retorno de la democracia comenzó a consolidarse un cambio profundo: la educación argentina pasó progresivamente de un “paradigma de la disciplina” a un “paradigma de la convivencia”, con mayor participación de los estudiantes, reconocimiento de sus derechos y consideración del contexto familiar y social a la hora de abordar los conflictos.
En ese proceso adquirieron protagonismo los acuerdos y códigos de convivencia, concebidos como herramientas para que cada comunidad educativa establezca pautas de relación y mecanismos de resolución de conflictos.
Sin embargo, para Ortubia, después de más de dos décadas de aplicación de este modelo resulta necesario revisar sus resultados. En particular, señala que parte del personal docente quedó sin herramientas suficientes para intervenir ante situaciones graves, mientras que la pérdida de autoridad dentro de las familias y las dificultades socioeconómicas también habrían debilitado el acompañamiento que la escuela necesita.
El docente cuestiona además lo que denomina “buenismo escolar”, al que define como una tendencia que prioriza la tolerancia y la evitación del conflicto por encima de la disciplina, el esfuerzo y el cumplimiento de normas. Desde su perspectiva, esta situación termina desdibujando las jerarquías y puede dejar desprotegidos tanto a los docentes como a los alumnos que son víctimas de situaciones de violencia.
Frente a este escenario, Ortubia plantea recuperar algunos componentes del antiguo régimen disciplinario, aunque sin regresar a los mecanismos autoritarios del pasado. Entre sus propuestas menciona la necesidad de establecer normas y sanciones comunes y obligatorias, que funcionen como respaldo para la autoridad de los adultos y contemplen incluso la intervención judicial en los casos de mayor gravedad.
Al mismo tiempo, propone incorporar mecanismos de reconocimiento para quienes mantengan conductas solidarias, respetuosas y responsables dentro de la comunidad educativa.
Pero el eje central de su planteo aparece en el carácter reparador de las sanciones. Ortubia considera que frente a una transgresión debe existir una consecuencia concreta y que la respuesta no debería limitarse a una amonestación o a una medida administrativa.
En ese sentido, plantea que determinadas sanciones puedan traducirse en acciones de reparación: arreglar bancos o sillas dañadas deliberadamente, colaborar con tareas de limpieza o cocina, acompañar a familias cuyos hijos hayan sufrido situaciones de acoso, participar en talleres de apoyo para alumnos más pequeños o producir trabajos escritos y audiovisuales destinados a reconocer y reparar el daño causado.
La idea, sostiene, es que quien rompe las reglas de convivencia comprenda que sus actos tienen consecuencias y que la sanción pueda convertirse, al mismo tiempo, en una experiencia educativa, productiva y reparadora.
Como antecedente, Ortubia menciona modificaciones implementadas en la provincia de Mendoza hacia fines de 2025, que – según señala – avanzaron hacia un esquema de corresponsabilidad entre escuela, familias y Estado, con mecanismos de mediación, reparación y participación familiar frente a situaciones graves de convivencia.
El docente considera que un modelo de estas características podría servir como referencia para discutir una eventual reforma en la provincia de Buenos Aires, aunque aclara que ninguna modificación normativa resolvería por sí sola un problema que, a su entender, tiene profundas raíces sociales y económicas.
En el cierre de su reflexión, Ortubia vincula la problemática escolar con la situación general del país y sostiene que cualquier reforma tendrá mejores resultados si está acompañada por políticas destinadas a fortalecer el trabajo, la producción, la distribución de la riqueza y la solidaridad social.
Su propuesta, en definitiva, apunta a buscar un punto de equilibrio entre dos modelos que considera insuficientes por separado: un régimen disciplinario que en el pasado pudo vulnerar derechos y un sistema de convivencia que, en su opinión, hoy presenta dificultades para garantizar autoridad y consecuencias frente a las transgresiones.
Para Ortubia, el desafío consiste en construir un nuevo esquema de responsabilidad comunitaria en el que la disciplina no sea entendida como castigo por sí mismo, sino como una herramienta para recuperar el respeto por las normas, el esfuerzo, el trabajo y la convivencia dentro de las escuelas.
