Una comparación de precios en Instagram terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de la confrontación política local. Mauricio Pollacchi, concejal de La Libertad Avanza, quiso poner bajo sospecha una compra de elementos de seguridad vial realizada por el Municipio de Mercedes, pero la respuesta del oficialismo no tardó en llegar. Santiago Altube, presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria, lo cruzó con dureza y lo acusó de desconocer los mecanismos básicos de la administración pública.
Todo comenzó con una publicación irónica de Pollacchi: “Miren si no estarán bajando los precios, que las cosas que el Municipio compró en septiembre están más baratas ahora, en noviembre”. El edil acompañó el comentario con fragmentos del Boletín Oficial y capturas de Mercado Libre, donde comparó los valores adjudicados por el gobierno local con precios publicados en la plataforma comercial.
La observación se concentró en dos productos: 400 tachas solares de aluminio y 400 delineadores rebatibles. Según el cálculo difundido por el libertario, entre ambos rubros existiría una diferencia de casi cinco millones de pesos respecto de los valores encontrados en las publicaciones comerciales.
La compra está incluida en el decreto 1849/2026, correspondiente al Concurso de Precios 41/2026. El Municipio adjudicó las tachas solares a Punto Pret SRL por $ 15.594.812 y los delineadores a Jordan SRL por $ 13.940.000.
La cuenta de Pollacchi, al menos en términos aritméticos, coincide con la diferencia que surge de comparar los importes unitarios adjudicados con los precios exhibidos en Mercado Libre. Sin embargo, esa comparación dejó afuera una serie de variables que el oficialismo utilizó para responderle.
El encargado de contestar fue Santiago Altube, quien no ahorró calificativos. “Es evidente que Pollacchi ignora cómo funciona la administración pública, si no, no haría semejante comparación”, sostuvo.
El titular del bloque de Fuerza Patria consideró que el planteo del concejal libertario fue “absurdo y malintencionado” y le reprochó no haber recurrido previamente al expediente administrativo para conocer las condiciones de la contratación.
Desde el área de Economía también salieron a explicar el procedimiento. Señalaron que se realizó un concurso de precios, que se recibieron cuatro ofertas y que la adjudicación recayó en las propuestas más económicas que cumplían con los requisitos del pliego. Incluso remarcaron que los valores aprobados quedaron por debajo de la estimación presupuestaria oficial.
La defensa municipal apuntó, además, a las diferencias entre una compra minorista por Internet y una contratación pública. Según explicaron, los pliegos contemplan exigencias técnicas vinculadas con la resistencia al tránsito pesado, el tratamiento contra los rayos UV, la reflectividad, la durabilidad y las garantías de reposición ante fallas de fabricación.
También mencionaron que los importes adjudicados incluyen envío, descarga en depósitos municipales, facturación y obligaciones impositivas. A eso sumaron las particularidades de los circuitos administrativos de pago del Estado, que pueden extenderse a 30 o 60 días, frente a las condiciones de pago inmediato de una plataforma comercial.
Pero la respuesta fue más allá de la explicación administrativa. Desde Hacienda también recuperaron un antecedente del año pasado, cuando Pollacchi había solicitado la realización de una obra pública en un predio privado, para cuestionar nuevamente su conocimiento sobre las competencias y responsabilidades municipales.
Por ahora, la polémica se desarrolla en el plano de las declaraciones públicas. El expediente administrativo, que según el Municipio se encuentra disponible para su consulta, constituye el ámbito donde pueden verificarse las ofertas recibidas, las condiciones técnicas exigidas y los fundamentos de la adjudicación. Presentaciones formales no hay.
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