En una columna de opinión publicada por Infobae, el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para eliminar la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Según el legislador, la iniciativa representa una amenaza directa a la soberanía argentina y podría facilitar la concentración de tierras en manos extranjeras.

De Pedro sostuvo que el territorio constituye uno de los pilares fundamentales de la existencia de un país y que la soberanía implica la capacidad de decidir sobre los recursos naturales, las fronteras, la producción y el desarrollo nacional. En ese marco, considera que la derogación de la Ley de Tierras significaría desmantelar una herramienta creada para preservar el control nacional sobre áreas estratégicas y evitar procesos de especulación financiera internacional.

El senador de origen mercedino afirma que la discusión cobra especial relevancia en un escenario global marcado por la competencia por recursos clave como el agua dulce, el litio, los minerales críticos, la energía y los alimentos. Destaca que Argentina posee enormes riquezas naturales, entre ellas importantes reservas de petróleo y gas no convencional, una de las mayores reservas mundiales de litio, extensas tierras fértiles y abundantes recursos hídricos, factores que convierten al territorio nacional en un activo estratégico de enorme valor.

En su análisis, recuerda que numerosos países desarrollados mantienen restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros para proteger sus intereses nacionales. Por ello, rechaza el argumento de que la legislación vigente sea un obstáculo para las inversiones y sostiene que es posible atraer capitales sin renunciar al control sobre el territorio.

Asimismo, remarca que la ley actual establece límites concretos a la extranjerización de las tierras rurales, fijando un máximo del 15 % a nivel nacional, provincial y departamental, además de otras restricciones destinadas a evitar la concentración. Según señala, estas medidas continúan siendo necesarias porque actualmente más de 13 millones de hectáreas ya se encuentran en manos extranjeras.

Otro de los aspectos que considera preocupantes es la flexibilización de los controles en zonas de frontera. A su entender, estas áreas poseen un valor estratégico para la seguridad nacional y requieren una fuerte presencia estatal para prevenir delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.

Finalmente, De Pedro convoca a gobernadores, diputados y senadores de todas las fuerzas políticas a defender la Ley de Tierras, argumentando que la discusión excede las diferencias partidarias y compromete el futuro del país. Para el dirigente, derogar la norma implicaría renunciar a una herramienta clave para resguardar los recursos estratégicos argentinos, mientras que mantenerla significa garantizar que las próximas generaciones conserven la capacidad de decidir sobre su propio territorio y su destino como Nación.