El intendente de Chivilcoy pasó de la posibilidad que instalen una cabina a convocar a sus ciudadanos a la desobediencia civil. Protagonistas viene insistiendo desde hace muchas ediciones atrás con que es un hecho que en la Ruta Nacional 5 estaba previstas la instalación de dos nuevas cabinas de peaje para que el negocio de las concesionarias cierre.
En todas estas ediciones hemos venido marcando estas cuestiones que tenían su respaldo oficial en los documentos de Vialidad Nacional, es decir la creación de las cabinas de Gorostiaga y Lonquimay. Hasta dimos cuenta del corrimiento de dos de ellas, como por ejemplo la de Olivera que será desactivada una vez que se construya una nueva en Luján.
Pero buena parte de la dirigencia regional se durmió en los laureles y ya es demasiado tarde para poner frenos. El plan privatizador del Gobierno tal cual estaba previsto. Primero el abandono, después una audiencia pública en la que se dieron pocas respuestas, luego el llamado a licitación con cambios mínimos y escasas exigencias para quienes tengan a cargo la explotación de los diferentes tramos. Suba de peajes, paralización de obras y siniestros que no cesan.
En nuestra edición del pasado 9 de marzo entrevistamos al jefe comunal de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien aún desconfiaba de esta posibilidad de la refundación de la cabina de Gorostiaga. Solo nos decía que si lo hacían iba a ser un mamarracho y hasta desafiaba, “vamos a ver si la instalan”. Vialidad avanza sin mayores dificultades.
Hace escasas ediciones dimos cuenta de un encuentro del diputado nacional Eduardo Falcone (MID), quien mantuvo un encuentro con el titular de Vialidad Nacional por la obra detenida de Mercedes – Suipacha. Falcone es de Chivilcoy y no aparece en su reclamo la estación de peaje que le pondrán en sus caras a los chivilcoyanos.
Mucho menos que haya decidido llevar a ese encuentro al propio intendente de su distrito para que sea una unificación de criterios en ese reclamo. Pero no solo esta disminuida pero mediática exigencia se nota por esos pagos. Los concejos deliberantes se han expresado a través de proyectos buscando respuestas que posiblemente obtengan, pero no modifiquen las realidades. Pasó en Suipacha y aconteció recién nomás en Mercedes.
Más de un mes y medio después de la nota de Protagonistas con Britos aparece la información en la que el primer mandatario de la ciudad vecina manifiesta su rechazo absoluto ante la posibilidad de que el Gobierno nacional instale nuevas estaciones de peaje en la localidad de Gorostiaga, sobre la Ruta Nacional 5, en el marco de las nuevas licitaciones de concesión.
“Voy a decirle a mis vecinos que no paguen el peaje hasta que no se haga la autovía que está comprometida hace 36 años”, sentenció el jefe comunal. Ahora la estrategia es la desobediencia civil. No pagar, como alguna vez se propuso también en Mercedes sin mayor éxito, dado que existen multas para quienes no cumplan con el pago del peaje y por lo tanto sucumbe la convocatoria. Dicho sea de paso, el Legislativo de Chivilcoy también expresó su rechazo a la instalación de cabina hasta que la doble vía alcance al menos su extensión hasta Bragado, lo que casi equivale a decir nunca.
La resistencia de las comunidades de la región no parece tener demasiado peso bajo estas acciones. En la historia de la lucha contra el sistema de peajes han sido las movilizaciones las que consiguieron torcer el rumbo de las cosas. Y en una frase de Britos aparece la esperanza que eso pueda suceder. “Estaremos todos los intendentes, independientemente del espacio político, resistiendo la instalación del peaje”.
Para el jefe comunal Britos, la falta de obras de fondo convierte a cualquier nuevo cobro en una medida meramente recaudatoria que no soluciona el problema que es eje: la peligrosidad de la ruta y la demora en los traslados.
Britos subrayó que, si la infraestructura fuera la adecuada (una autovía finalizada), el sector productivo y los vecinos no presentarían objeciones al pago, pero que, bajo las condiciones actuales, la medida es inviable.
La pregunta entonces es cuándo se realizará la convocatoria a un encuentro de jefes comunales, cómo se plantarán, qué medidas tomarán para evitar este despropósito. Las incógnitas son más que las certezas, pero en el mientras tanto el proceso licitatorio, la concesión de las rutas sigue su curso normal y no hay demasiadas señales que una “barricada política” pueda ponerle freno a esta idea del Gobierno nacional.
